Comunicado de prensa:
El viernes 14 de diciembre,
coincidiendo con el tercer aniversario de la creación de la Asamblea del
Algarrobo, dos miembros de la Organización fueron perseguidos e intimidados en
la ciudad de Andalgalá por parte de la policía provincial. Este hecho derivó en
la presentación de un Habeas Corpus ante la justicia del departamento
andalgalense, en la provincia de Catamarca, a través de Luciana Gagliardo y
Cristina Martín, representante de la provincia de Córdoba y Secretaria de
Conciencia Solidaria,
respectivamente.
Siendo las 12, 30 hs. del mediodía del viernes 14, un móvil policial comenzó un seguimiento al automóvil en el que se desplazaban las activistas, al mejor estilo de las oscuras épocas dictatoriales en Argentina. Luego de varios kilómetros de seguimiento, la policía detuvo el automóvil requiriendo además de la documentación del mismo, datos privados, como de dónde procedían, con quienes y cuántos venían, en qué domicilio se alojaban y quién era el propietario del mismo, cuánto tiempo permanecerían en la ciudad, alegando que los datos requeridos eran necesarios por una "nueva política de protección a los visitantes", que incluyó la indicación de ser acompañados por el móvil hasta el lugar de hospedaje. Burdos justificativos intimidatorios fueron vertidos por el agente quien se identificó como Francisco Perea (anecdóticamente el apellido Perea es el mismo del anterior intendente municipal de la ciudad, pronunciado pro minero).Catamarca está sitiada por el poder megaminero que rige a las fuerzas políticas y policiales a su voluntad. El pueblo sufre presiones, agresiones, judicializaciones pero sin embargo resiste y no se amedrenta.
Ante los hechos sufridos, Luciana Gagliardo y Cristina Martín presentaron ante el juzgado de Andalgalá un Habeas Corpus solicitando que se convoque urgente a la audiencia prevista en el artículo 11 de la ley 23.098, se haga lugar a este Habeas Corpus preventivo y se le ordene a la fuerza de seguridad provincial de la provincia de Catamarca el tratamiento y el cese inmediato de toda actividad de seguimiento, interrogatorios o cualquier otra, por constituir una violación a la ley de seguridad nacional y a los derechos humanos, protegidos por el Tratado Internacional de San José de Costa Rica y se ordene a la policía de la provincia, la prohibición de la detención de cualquiera de las personas solicitantes.
La policía de la provincia tiene prohibido hacer inteligencia por la Ley Federal de Inteligencia.
Siendo las 12, 30 hs. del mediodía del viernes 14, un móvil policial comenzó un seguimiento al automóvil en el que se desplazaban las activistas, al mejor estilo de las oscuras épocas dictatoriales en Argentina. Luego de varios kilómetros de seguimiento, la policía detuvo el automóvil requiriendo además de la documentación del mismo, datos privados, como de dónde procedían, con quienes y cuántos venían, en qué domicilio se alojaban y quién era el propietario del mismo, cuánto tiempo permanecerían en la ciudad, alegando que los datos requeridos eran necesarios por una "nueva política de protección a los visitantes", que incluyó la indicación de ser acompañados por el móvil hasta el lugar de hospedaje. Burdos justificativos intimidatorios fueron vertidos por el agente quien se identificó como Francisco Perea (anecdóticamente el apellido Perea es el mismo del anterior intendente municipal de la ciudad, pronunciado pro minero).Catamarca está sitiada por el poder megaminero que rige a las fuerzas políticas y policiales a su voluntad. El pueblo sufre presiones, agresiones, judicializaciones pero sin embargo resiste y no se amedrenta.
Ante los hechos sufridos, Luciana Gagliardo y Cristina Martín presentaron ante el juzgado de Andalgalá un Habeas Corpus solicitando que se convoque urgente a la audiencia prevista en el artículo 11 de la ley 23.098, se haga lugar a este Habeas Corpus preventivo y se le ordene a la fuerza de seguridad provincial de la provincia de Catamarca el tratamiento y el cese inmediato de toda actividad de seguimiento, interrogatorios o cualquier otra, por constituir una violación a la ley de seguridad nacional y a los derechos humanos, protegidos por el Tratado Internacional de San José de Costa Rica y se ordene a la policía de la provincia, la prohibición de la detención de cualquiera de las personas solicitantes.
La policía de la provincia tiene prohibido hacer inteligencia por la Ley Federal de Inteligencia.
Info. Drago Producciones
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