viernes, 5 de diciembre de 2014

El Diputado Oscar "Cachi" Martínez dijo: “Se le están dando superpoderes a Gils Carbó”

Así lo expresó el diputado por el Frente Renovador y precandidato a gobernador de Santa Fe, Oscar “Cachi” Martínez, esta mañana en declaraciones radiales, al ser consultado acerca de la aprobación del proyecto del oficialismo.
“Lo que se quiere es otorgarle superpoderes a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien encima no fue a al Senado, ni a la Cámara de Diputados a debatir”.
En ese sentido, Martínez mostró su preocupación e hizo referencia a una declaración del secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato: “En el Senado, en
donde sí se pudo debatir, y hubieron voces que, pudieron expresarse -a diferencia del tratamiento exprés que se hizo en Diputados- Piumato bien decía de que tenía 'temor de que se constituyera una verdadera Gestapo'". Y continuó: "No solamente para defender y garantizar la impunidad de los funcionarios oficialistas, sino para perseguir a opositores’. Y estas expresiones a uno realmente lo alertan, como también preocupan que esta ley le otorgue facultades casi legislativas a la funcionaria Gils Carbó, ya que, según el proyecto, sus instrucciones generales debe ser acatadas por los fiscales como a la constitución y a la ley misma”.
Siguiendo esa línea, el legislador santafecino argumentó: “Tenemos indicios que no nos agradan.
Desde su actitud de haber apartado a Campagnoli (José María) por haber sido el fiscal que investigó a Lázaro Báez; hasta por el sistema con el cual ha tratado a la designación de agentes en el Ministerio Público Fiscal. Desde que ella en el cargo, se han designado a 502 empelados, solo dos por concurso y los 500 restantes por disposición”.
Por otro lado, se refirió al proyecto de Código procesal penal que presentó el Frente Renovador, el cual "pone especial énfasis en al protección de la víctima" que pretende "acabar de una vez por todas con el concepto de 'puerta giratoria' para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por otra", y que busca "vivir en una sociedad de premios y castigos en donde el que las haga las pague". Finalmente, dijo: “Esta modificación del Código Procesal implica la designación de 1.700 empleados, y lo preocupante es que en realidad se plantea las facultades de designarlos aún cuando todavía no hay una ley de implementación. En Santa Fe, por ejemplo, demoró siete años la implementación de cambio de sistema, pero aquí ya se lo habilita”.

Info. Prensa Martinez

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